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Los afganos están dejando de creer en su gobierno porque muchos presuntos criminales de guerra y violadores de los derechos humanos permanecen en puestos de poder.
(Nueva York) – Según ha publicado hoy Human Rights Watch, el gobierno afgano debe actuar urgentemente para revocar una ley que otorga amnistía a los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
La ley se publicó de forma inesperada en el Boletín Oficial, imponiéndose, pese a las repetidas promesas del presidente Hamid Karzai, quien dijo que no permitiría que la ley se hiciese efectiva.
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“Los afganos están dejando de creer en su gobierno porque muchos presuntos criminales de guerra y violadores de derechos humanos permanecen en puestos de poder”, manifestó Brad Adams, el director en Asia de Human Rights Watch. “La ley de amnistía fue aprobada para evitar el procesamiento de estas personas, enviando así a los afganos el mensaje de que estos violadores de los derechos no sólo van a permanecer donde están, sino que incluso podrían llegar al poder”.
La Ley de Estabilidad y Reconciliación Nacional fue aprobada por el parlamento en 2007 con el apoyo de una coalición de poderosos señores de la guerra y sus partidarios con el fin de evitar que fuesen juzgados violadores de derechos humanos a gran escala de las últimas décadas. La ley de amnistía establece que todos aquellos que estuvieron involucrados en conflictos armados antes de la formación del gobierno provisional afgano “disfrutarán de todos sus derechos legales y no serán llevados a juicio”.
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Los dos únicos supervivientes de una familia asesinada en un tiroteo por integristas combatientes en Kabul.
(24 de agosto de 1992) |
Human Rights Watch apoyó la declaración del 10 de marzo del Grupo de Coordinación de la Justicia de Transición, que representa a 24 organizaciones de la sociedad civil afganas, que solicitó la revocación de la ley. El grupo alegó: “La responsabilidad, y no la amnesia, por los crímenes del pasado y del presente es un requisito previo para lograr la reconciliación y la paz genuinas en Afganistán. Todos los afganos sufrirán por la implantación de esta ley, que mina la justicia y el Estado de derecho.”
Tres décadas de guerra han traido consigo graves violaciones de los derechos humanos contra la mayoría de los grupos sociales y políticos en Afganistán, incluidas atrocidades a gran escala producidas durante el conflicto armado, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y crímenes sexuales como arma de guerra. Human Rights Watch describió un periodo especialmente horrible entre 1992 y 1993 en: “Manos manchadas con sangre: Atrocidades en Kabul y el legado de impunidad de Afganistán."
La ley de amnistía se aprobó en el momento en que la opinión pública en Afganistán comenzaba a movilizarse en contra de los señores de la guerra y la impunidad. Una encuesta de opinión publicada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC, en inglés) en 2005 indicaba que la gran mayoría estaba a favor de los procesamientos. El gobierno afgano, las Naciones Unidas, la Comisión y los gobiernos donantes, entre otros, participaron en debates con respecto a la confrontación de las violaciones pasadas a través del "Plan de Acción de Justicia Transicional" del gobierno. En 2006 el gobierno presentó el Plan de Acción para la Paz, la Reconciliación y la Justicia en Afganistán, que se comprometía claramente a: 1) reconocer el sufrimiento de la población afgana; 2) garantizar la credibilidad y responsabilidad de las instituciones estatales y expulsar a los violadores de los derechos humanos y a los criminales de estas instituciones; 3) emprender la búsqueda de la verdad, así como la documentación; y 4) promover la reconciliación y la mejora de la unidad nacional.
Después de que la ley de amnistía fuese aprobada en el parlamento en 2007, el presidente Karzai dijo que no la firmaría. La presidenta de la AIHRC, la Dra. Sima Samar comentó a Human Rights Watch que tenía garantías de que Karzai no iba a promulgar la ley: “El mismo presidente me prometió en dos ocasiones que no firmaría la ley”. Pese a este compromiso y a otras promesas similares hechas a una variedad de grupos de sociedad civil, la ley se publicó en el Boletín Oficial. No está claro cuando ocurrió, ya que la ley aparece publicada en el Boletín en diciembre de 2008, mientras que otras fuentes aseguran que no fue publicada hasta enero de 2010, fecha en que las organizaciones que coordinan dicho boletín recibieron ejemplares de esta ley.
“El presidente Karzai tiene que dar explicaciones”, recalcó Adams. “¿Por qué está protegiendo a gente que ha traído tantas muertes y tanta miseria a la población afgana? ¿Por qué son más importantes sus relaciones con los señores de la guerra que su deber de proteger los derechos de los afganos?”
Human Rights Watch mostró su preocupación acerca de que la ley pudiese ser utilizada para otorgar inmunidad ante los tribunales a miembros de los talibanes y otros grupos insurgentes que han perpetrado crímenes de guerra. El gobierno y sus respaldos internacionales han convertido un proceso de reconciliación en algo esencial de su estrategia contrainsurgencia. “[La ley de amnistía] ha estado acumulando polvo durante casi tres años”, afirmó Fawzia Kufi, miembro del parlamento, a Human Rights Watch. “Sin embargo, es ahora que el presidente quiere dialogar con los Talibanes, por su propio interés y el de sus amigos, cuando promulga la ley”.
La ley establece que a aquellos que hayan participado en hostilidades actuales se les otorgará inmunidad si aceptan reconciliarse con el gobierno, lo que les concede amnistía para futuros crímenes.
“La ley de amnistía es una invitación a futuras violaciones contra los derechos humanos”, criticó Adams. “Permite a comandantes de la insurgencia quedar impunes de sus masacres. Todo lo que tienen que hacer es ofrecerse a unirse al gobierno y renunciar a la violencia, así todos los crímenes del pasado serán perdonados, incluso los crímenes contra la humanidad.”
Los defensores de la ley de amnistía alegan que esta sigue permitiendo que los individuos interpongan demandas contra los criminales. Sin embargo, la ley internacional obliga a los estados a investigar y juzgar los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y otras graves violaciones de los derechos humanos, tales como los asesinatos extrajudiciales, la tortura y las desapariciones. No puede dejarse a los ciudadanos el peso de dichas obligaciones.
En la práctica, los afganos tienen un acceso muy limitado al sistema judicial, ya que el sistema de tribunales estatales apenas funciona en gran parte del país, la corrupción prolifera y no existe un sistema de protección de testigos.
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El 10 de febrero, cuando se le preguntó acerca del conflicto entre la ley de amnistía y el plan de acción, el portavoz de la presidencia, Wahid Omar, respondió que “el gobierno no se encarga de la justicia transicional” y que la sociedad civil era la responsable de ponerla en práctica. Sus comentarios parafrasean a algunoas autoridades estadounidenses, quienes indicaron que la ley de amnistía no es problemática, ya que los individuos conservan su derecho a presentar demandas judiciales.
“Es una utopía pensar que un ciudadano solo pueda enfrentarse con un importante criminal de guerra”, aseveró Adams. “Las víctimas que se encaran a sus verdugos se ponen en serio riesgo tanto a ellas mismas como a sus familias. Es incluso peligroso sugerir que este pueda ser un camino viable hacia la justicia”.
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“La trayectoria de los últimos ocho años está clara como el agua: los intentos de satisfacer a los autores de abusos contra los derechos humanos sólo han servido para que se deteriore la seguridad y se erosione la legitimidad del gobierno. Muchas de las personas acusadas de abusos cometidos en el pasado ocupan en la actualidad destacados cargos públicos cuando pesan sobre ellos nuevos cargos de implicación en violaciones de derechos humanos”
Sam Zarifi / Amnistía Internacional, 9, 2010 |
Cuando la ley de amnistía fue aprobada por el parlamento en 2007, las Naciones Unidas y numerosos gobiernos se declararon en contra. Sin embargo, desde que se descubrió que la ley había sido publicada en el Boletín Oficial, apenas ha habido comentarios o condenas por parte de la comunidad internacional.
“La existencia de esta ley pone a prueba los principios morales tanto de los gobiernos internacionales que respaldan a Afganistán, como de los del propio Karzai”, resaltó Adams. “¿Se pondrán de parte de los abusivos señores de la guerra y los insurgentes o del pueblo afgano?”
Traducción: David Alonso Hevia
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