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Zarmeena, una mujer afgana que
fue ejecutada públicamente por un talibán
en el estadio de deportes Ghazi en la ciudad
de Kabul, el 17 de noviembre de 1999.
(Fotografía: RAWA) |
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La nueva ley, que aún no se ha publicado, ha pasado por las dos cámaras del
parlamento afgano antes de que se procediera a la firma del Presidente. Esta ley
regula el estatus personal de los miembros de la comunidad minoritaria chií en
Afganistán e incluye las relaciones entre mujeres y hombres, el divorcio y los
derechos sobre la propiedad.
"Esto es otra clara indicación de que la situación de los derechos humanos en
Afganistán está empeorando, no mejorando", dijo Pillay. "El respeto a los
derechos de la mujer, y en general a los derechos humanos, es de suma
importancia para el futuro desarrollo y seguridad de Afganistán. Esta ley supone
dar un paso enorme en sentido contrario"
La nueva ley niega a las mujeres chiíes afganas el derecho a dejar sus hogares
excepto por asuntos "legales", prohíbe a las mujeres que trabajen o que reciban
educación sin el permiso expreso de sus maridos, permite de forma explícita la
violación dentro del matrimonio, reduce el derecho de las madres a ser las
tutoras de sus hijos en caso de divorcio e imposibilita a las esposas a heredar
casas o terrenos de sus maridos aunque ellos sí pueden heredar inmuebles de sus
esposas.
"El hecho de que una nueva ley en 2009 esté dirigida a las mujeres de esta forma
es algo extraordinario, reprensible y con reminiscencias de los decretos
promulgados por el régimen talibán en Afganistán en los años 90", dijo Pillay.
La comunidad chií afgana, compuesta principalmente, pero no exclusivamente, por
la minoría hazara, representa alrededor del 10% de la población de Afganistán.
Además, la nueva ley cuenta con el apoyo activo de algunos líderes masculinos
hazaras aunque otros defensores de los derechos humanos hazaras y afganes de
todo el país se han opuesto firmemente. Existe una preocupación de que la ley
establezca precedentes que afecten de forma negativa a todas las mujeres
afganas.
La Alta Comisionada citó una serie de retrasos en cuanto a otros derechos
humanos en Afganistán que han dificultado los esfuerzos para construir el Estado
de Derecho en el país.
"Cada vez se está viendo más violada la libertad de expresión por los medios de
comunicación y los activistas de la sociedad civil ", afirmó Pillay. "No se ha
progresado en lo que respecta al establecimiento de la justicia o la asunción de
responsabilidad por los crímenes de guerra más recientes o de lesa humanidad,
que han caracterizado décadas de guerra e ilegalidad. La impunidad está
generalizada, sumamente afianzada y supone un obstáculo para poner fin a la
incesante y continua violación de los derechos humanos. Además, después de dos
años de moratoria, el Gobierno ha reactivado recientemente la pena de muerte
pese a tener un sistema judicial terriblemente defectuoso".
El conflicto armado, cada vez más intenso, en Afganistán también ha tenido
consecuencias desastrosas para los civiles, con un aumento del 40% en el número
de víctimas durante el 2008.
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